Ayrebi Miranda Pérez ha sido incluido en la lista de "Represores Cubanos" que elabora la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, luego que este fiscal de Villa Clara pidiera condenas de cárcel para seis cubanos que protestaron por la falta de electricidad en Encrucijada, en noviembre de 2024.
"Ingresa en la Lista de Represores Cubanos como un represor de cuello blanco, que son aquellos que, valiéndose de su cargo, se prestan para la represión política", dijo a Martí Noticias, Rolando Cartaya, periodista y director de la iniciativa de esta fundación con sede en Miami.
"Es acusado de solicitar severas e injustas penas de prisión, como fiscal del Departamento de Procesos Penales de la Fiscalía Provincial de Villa Clara, para seis residentes en el municipio Encrucijada que solicitaron pacíficamente ante la sede local del Gobierno y el Partido Comunista el restablecimiento de la corriente eléctrica, en medio de un largo apagón, la noche del 7 de noviembre de 2024", indica el expediente del fiscal.
"El procurador aseguró que los imputados llevaron y tocaron calderos y gritaron “queremos corriente”. Por esos actos pacíficos de reclamo de su derecho Miranda Pérez los acusa de desórdenes públicos y pide, sin apego a la justicia, 9 años de privación de libertad para Yandry Torres Quintana y Rafael Javier Camacho Herrera; 6 años, para José Gabriel Barrenechea Chávez; 5 años, para Rodel Bárbaro Rodríguez Espinosa y Marcos Daniel Díaz Rodríguez; y 4 años, para Yuniesky Lorences Domínguez".
La plataforma "Represores Cubanos" acusa a Miranda Pérez de Falta de Garantías Procesales, Prevaricación y de cometer CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD por persecución por motivos políticos y encarcelamiento.
Las Conclusiones Provisionales de la Fiscalía detalla que los hechos tuvieron lugar el 7 de noviembre de 2024, aproximadamente a las 7:30 de la noche, cuando los acusados se congregaron en la Avenida José Martí, entre Calzada 26 y Primera del Oeste, en Encrucijada, Villa Clara.
Según el fiscal, la intención era "lograr la impunidad de sus actos", aprovechando la ausencia de fluido eléctrico para "perturbar la tranquilidad ciudadana y con ello obstaculizar el tráfico de vehículos por la vía pública".
Se menciona que Yandri Torres Quintana y Marcos Daniel Díaz Rodríguez portaban calderos, y Rafael Javier Camacho Herrera, un tramo de cabilla, con los que "comenzaron a realizar toques incesantes", emitiendo "sonidos agudos y altos decibeles". Los imputados profirieron de forma unida y reiterada, a modo de coro, la frase "pongan la corriente, queremos corriente".
A pesar de que funcionarios explicaron la situación energética y pidieron que desistieran, el fiscal Ayrebi Miranda Pérez señala que los imputados "hicieron caso omiso y persistieron en sus actos".
En el caso de Barrenechea Chávez, "instó a viva voz a que las personas presentes no desistieran de su actuar y no se retiraran de allí".
Aunque el expediente fiscal reconoce que la protesta fue una reacción espontánea al déficit eléctrico y que, tras el restablecimiento del fluido, los participantes se marcharon y la vía pública quedó despejada sin interrupción del tráfico ni resistencia al arresto, la Fiscalía ha utilizado publicaciones en redes sociales y el impacto mediático de la protesta como factores agravantes en la acusación, calificando las acciones como "contrarrevolucionarias".
La fiscalía también ha solicitado al tribunal que, al dictar sentencia, se consideren la declaración de los imputados. Si bien se afirma que los imputados no tienen antecedentes penales, se presenta documentación para acreditar la conducta social y moral de los acusados.
La Fiscalía ha solicitado la medida cautelar de prisión provisional para José Gabriel Barrenechea Chávez, Yandri Torres Quintana, Yuniesky Lorences Domínguez, Rafael Javier Camacho Herrera y Rodel Bárbaro Rodríguez Espinosa. El documento fiscal, fechado el 25 de julio de 2025, concluye con la petición de abrir la causa a juicio oral.
Ocho personas han sido llamadas a testificar en el juicio, entre los que se encuentran tres oficiales de la policía, una oficial de Seguridad del Estado y tres funcionarios.
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